0 El PP intenta evitar la comisión Gescartera

La “comisión Gescartera'' encauza su recta final. El PP quiere que las   comparecencias cesen el próximo lunes, tras escuchar a los ministros Rodrigo Rato y Cristóbal Montoro.

Luego, que los partidos preparen ya sus conclusiones. La oposición, indignada, denuncia también el intento de los `populares'' de cambiar el formato de las comparecencias de los ministros para evitar que sean interrogados.

El Partido Popular quiere dar carpetazo definitivo a la comisión Gescartera el próximo lunes, tras las comparecencias de los ministros de Economía, Rodrigo Rato, y Hacienda, Cristóbal Montoro. Además, pretende cambiar para ellos el formato de la sesión, de forma que no puedan ser interrogados por la oposición, sino hablar en primer lugar para facilitar su versión de los hechos, escuchar luego a los partidos en bloque y tomar de nuevo la palabra para cerrar la sesión. Para el PSOE, si los populares imponen sus planes -lo más probable, dada su mayoría absoluta- consumarán un «grave atentado contra la democracia».

El futuro de la comisión se conocerá hoy, cuando se reúna para ordenar los trabajos. No será un debate sencillo. PSOE, IU, PNV y el Grupo Mixto quieren frustrar las intenciones del PP, pero no está en su mano, a no ser que convenzan a los populares para que, por propia voluntad, cambien de opinión, lo que parece más que improbable. Los socios del partido mayoritario, CiU y CC, probablemente eludirán decantarse, pero ven satisfechas sus expectativas con los trabajos desarrollados hasta ahora.
En lo queda de semana, la comisión acogerá ocho comparecencias, entre las que destacan la del jefe del gabinete de Rato, Jaime Pérez Renovales (hoy); la del director general de la Agencia Tributaria, Salvador Ruiz Gallud (mañana), y la del secretario de Estado de Economía, José Folgado, y el director del Banco de España, Jaime Caruana (el viernes). El PP, que ha contado hasta ahora con el apoyo de sus socios CiU y CC, quiere que el lunes acudan a la comisión Rato por la mañana y Montoro por la tarde. Y, aunque evita en estos momentos dar por cerrada la comisión, advierte de que no aceptarán alargar innecesariamente los trabajos con testigos menores.

AMPLIACIÓN DEL PLAZO. La oposición presentó ayer un escrito para solicitar la ampliación del plazo, inicialmente fijado en dos meses -por iniciativa del PP- pero prorrogables, según el acuerdo de constitución de la comisión. Su creación se acordó en Pleno el 6 de septiembre y las comparecencias se inicieron el día 19. Si concluyen el lunes, los grupos contarán luego con un plazo de dos semanas para preparar sus conclusiones.
PSOE, IU, PNV y el Grupo Mixto pretenden que la comisión siga viva hasta finales de diciembre, por entender que faltan aún testimonios «importantes» que escuchar -medio centenar, según los socialistas- y documentos que recibir.
El portavoz socialista en la comisión, Antonio Cuevas, recordó que aún no se ha interrogado, por ejemplo, a los inspectores de la Agencia Tributaria que tuvieron que ver de una u otra forma con la paralización de cuatro expedientes abiertos a Gescartera, sus propietarios o sociedades afines. Tampoco han comparecido empleados de la agencia de valores relacionados con su contabilidad o los funcionarios de la Comisión Nacional del Mercado de Valores que ejecutaron su intervención.

Fuente: Diario16

0 El sueldo de los funcionarios

El sueldo de los funcionarios públicos

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¿Salarios públicos a la baja?

En relación con la propuesta del Gobierno de subida salarial para los funcionarios igual a la tasa de inflación prevista del 2% en el año 2001, cabe plantear las siguientes preguntas:

1. Con esta propuesta, ¿cuál sería la disminución real de los salarios de los funcionarios acumulada durante el bienio 2000- 2001? Las tasas de inflación, calculadas como las medias de los aumentos mensuales del IPC, estarán alrededor del 3,5% en el 2000 y del 3% en el 2001. Por tanto, la disminución de los salarios reales acumulada podría estar alrededor del 2,5%. Sin embargo, esta cifra no tiene en cuenta dos elementos por los que la pérdida de poder adquisitivo de algunos colectivos de funcionarios será inferior. En primer lugar, en algunos ámbitos de las administraciones públicas se está produciendo una reducción de la jornada laboral como resultado de la aplicación de la jornada de 35 horas.

En segundo lugar, los salarios de los funcionarios incluyen complementos retributivos tales como trienios de antigüedad (cada vez menos frecuentes en el sector privado), subidas salariales por promociones automáticas (independientes de los méritos o como resultado de transferencias entre los ámbitos central y regionales de las administraciones públicas) y complementos por productividad discrecionales, que suponen casi el 20% del salario bruto total medio. La falta de transparencia con la que se producen las subidas de estos complementos retributivos y la ausencia de una base de datos adecuada impiden conocer con exactitud la verdadera variación de los salarios de los funcionarios. En cualquier caso, la reducción de los salarios reales será mayor en los niveles inferiores, por su menor acceso a complementos retributivos especiales, y se convertirá incluso en una ganancia real en algunos niveles superiores.

2. ¿Cuánto deberían subir los salarios? Las desviaciones de la inflación sobre la prevista se deben, en parte, a un aumento transitorio de los precios del petróleo. Ante esta perturbación, una subida de los salarios o de los beneficios empresariales que trate de evitar la pérdida de poder adquisitivo genera una espiral de precios-salarios que produce una pérdida de competitividad y una disminución del empleo. En el caso del sector público, las consideraciones fundamentales a tener en cuenta son la influencia de los salarios públicos sobre los del sector privado y la situación de las cuentas públicas, que no es tan boyante como dice el Gobierno. Tras años de insuficiente rigor presupuestario parece haberse alcanzado el déficit cero. Sin embargo, esta aparente situación de equilibrio fiscal es ficticia, dada la situación cíclica de la economía y los aumentos del gasto social que habrán de producirse en el medio plazo como consecuencia del envejecimiento de la población. Además, este logro está basado en medidas tales como la fijación de un objetivo de inflación poco creíble, que perjudica especialmente a las capas de la población de menor nivel de renta, y en el aumento de la imposición directa, implícito en la no deflactación de las tarifas del IRPF, que el Gobierno criticaba cuando estaba en la oposición.

3. ¿Son los salarios de los funcionarios más elevados que los del sector privado? A pesar de las congelaciones salariales y de las subidas salariales por debajo de la tasa de inflación, los salarios del sector público siguen estando por encima de los del sector privado, aunque sólo en promedio. Los datos disponibles sobre ingresos familiares indican que, si bien el salario por hora de las mujeres con estudios universitarios y de los individuos de bajo nivel educativo empleados como funcionarios es aproximadamente un 10% más elevado en las administraciones públicas, el de los varones con estudios universitarios es alrededor de un 15% más elevado en el sector privado. La menor dispersión de la estructura salarial es una de las características de las relaciones laborales en el ámbito de las administraciones públicas que resultan perjudiciales para una gestión eficaz de los recursos humanos en dicho ámbito. Ante este problema, los empleadores públicos están recurriendo con mayor frecuencia a la contratación temporal. Desde la aprobación del Estatuto de los Trabajadores, hace veinte años, Gobiernos de uno y otro signo han señalado la necesidad de reformar la regulación del mercado de trabajo, pero ninguno se ha atrevido a abordar una reforma del funcionamiento de las administraciones públicas que es, si cabe, todavía más urgente que la reforma laboral.

09 enero de 2001.

Fuente: El Pais