El Seprona
se topó con reticencias y recelos de la Xunta gallega a su campaña inspectora.
La batida de
mes y medio organizada por la Guardia Civil para vigilar el cumplimiento de la
normativa sobre las vacas locas permitió localizar, en la primera fase
de la operación, casi 300 cadáveres de reses muertas abandonados por sus
dueños. Los agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) se
toparon, además, con varios mataderos ilegales. La campaña, aún abierta, ha encontrado
reticencias en algunas comunidades autónomas, como Galicia, cuyos responsables
sanitarios no habían hallado, a 18 de diciembre, infracción alguna a la normas
de prevención de la enfermedad.
Los
resultados de la campaña global de inspección siguen conociéndose con
cuentagotas y sólo los referidos a la primera fase del plan, que concluyó el
pasado 15 de enero. El Seprona, dirigido por el general Manuel Silos Pavón,
efectuó hasta esa fecha exactamente 2.730 inspecciones en instalaciones
ganaderas, mataderos o fábricas de piensos, que supusieron la denuncia de 2.147
irregularidades, muchas de ellas relacionadas con el almacenamiento de piensos
prohibidos para la alimentación animal.
Los agentes
controlaron también 2.389 transportes de ganado. La batida permitió el
hallazgo, entre el 19 de diciembre y el 15 de enero, de cabezas de ganado
importadas ilegalmente desde Portugal (una partida ha sido controlada en los
últimos días en Andalucía) así como un total de 283 reses muertas que habían
sido abandonadas por sus propietarios. De ellas, 22 fueron localizadas el
pasado día 9, en el paraje llamado Agualobo, situado en la finca Santa Rosalía,
en la provincia de Huelva. Seis no llevaban el crotal de identificación en la oreja.
Además, en los últimos 15 días han sido localizados numerosos cadáveres tirados
en el campo -los últimos 30 han sido hallados en la localidad sevillana de Los
Palacios-.
La Guardia
Civil achaca estos abandonos "al miedo y desconocimiento" de los
ganaderos: miedo por el peligro que pueden suponer para sus explotaciones
muertes que a veces nada tienen que ver con la EEB y desconocimiento de los
procesos para la destrucción controlada de las reses muertas. Las infracciones
que no supusieron delito fueron puestas en conocimientos de los responsables
sanitarios de las comunidades autónomas, quienes pusieron serias reticencias al
Seprona ante la avalancha de expedientes que los guardias ponían sobre la mesa.
De hecho, estas reticencias ante la repercusión social del caso y la falta de
medios de las comunidades autónomas condicionaron en parte la actuación del
Seprona, según fuentes conocedoras de la campaña.
Estos
recelos fueron especialmente palpables en Galicia, mientras que los agentes
hallaron la mayor ayuda en Cataluña y Valencia, según fuentes del Ministerio de
Agricultura. Los resultados de la campaña han sorprendido a las propias
comunidades autónomas, ya que, a 18 de diciembre, ninguna de ellas había
informado al Gobierno de que se hubieran producido "infracciones en
relación con la detección de la EEB", según una respuesta parlamentaria al
dirigente de IU Gaspar Llamazares. Además de las miles de infracciones
denunciadas, los agentes detuvieron a siete personas por casos muy concretos y
hallaron al menos tres mataderos ilegales en Sevilla, Burgos y Granada. Los
expedientes de estos casos llevan estampada la palabra "secreto".
La Cadena
SER informó ayer de que tres de las detenciones se practicaron en Burgos: dos
por falsificación de sellos y otra en Salas de los Infantes de una persona que
disponía de un sello falso del matadero municipal y regentaba una nave de
matanzas clandestina en Arauzo de Miel. En Cogollos de Guadix (Granada) fue
detenida otra persona en un matadero ilegal, que ya tenía un choto en canal.
Una de las últimas detenciones fue efectuada el 30 de diciembre en Murcia por
un delito contra la salud pública, resistencia a la autoridad y desobediencia.
Los agentes
hallaron una carnicería "sin condiciones higiénicas ni sanitarias".
Ninguno de los casos investigados hasta ahora está relacionado con
"empresas de alimentación importantes", según fuentes de la
investigación. La Guardia Civil insistía ayer en que los expedientes recibidos
desde el 15 de enero demuestran "que la operación es muy fuerte", que
las infracciones "han ido al alza", especialmente en el norte de
España, y que todas las infracciones tienen un elemento común: "El
incumplimiento de las leyes sobre alimentación animal".
"Antes
cargaba los 11.000 kilos que puede transportar mi camión cada día. Ahora hay
días que voy de vacío". Joaquín Enrique M. M. es un autónomo que
transporta piensos a diversos puntos de la Comunidad Valenciana desde la
empresa Henz de Silla (Valencia), donde el miércoles agentes del Servicio de
Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil inmovilizaron 171.335
kilos de pienso y 8.800 de harinas cárnicas. De su contacto con los ganaderos
resalta que "están preocupados porque saben que algo anormal pasa, pero
nadie les explica qué". Miguel Castro es propietario de una explotación
ganadera en Silla desde hace más de 30 años ."No hay quien te diga algo
claro", comenta. Aunque sus animales están destinados a festejos
populares, él también sabe de la confusión que está produciendo en el sector el
mal de las vacas locas. "En la cooperativa los ganaderos no salen de su
asombro. La información es nula.
Cada día
sale una cosa nueva y aquí sólo vienen los veterinarios de Consejería de
Agricultura, nada más. No tenemos problemas con los piensos porque los fabricamos
nosotros, tal como marca la normativa. Lo importante es que quien tenga que
explicar qué está pasando lo haga. De no ser así el mercado se muere". Con
esa opinión coincide Jaime, carnicero y ganadero de la misma localidad. Jaime
opina que la gente está mal informada "porque cada vez dicen una
cosa". En su carnicería el consumo de ternera ha caído en picado. Hace
meses necesitaba sacrificar tres terneras, de entre 10 y 11 meses, cada 15
días. Ahora sólo llega a una ternera cada dos semanas
Fuente: El Pais
02/02/2001
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