0 Guerra contra el terrorismo

GUERRA CONTRA EL TERRORISMO            Sábado, 6 de Octubre de 2001

 

El titular de Exteriores confirmó que se están tomando medidas de prevención ante un ataque terrorista "no sólo con armas convencionales sino de tipo bacteriológico o químico", pero a su vez quiso tranquilizar a la población al añadir que no "hay un riesgo cierto" ni tiene datos que indiquen que va a ocurrir.

 Josep Piqué hizo estas declaraciones en el Congreso de los Diputados, antes de comparecer ante la Comisión de Exteriores para explicar la posición de España tras los atentados del 11 de septiembre y ante un ataque aliado contra Osama ben Laden y los grupos terroristas a los que apoya.


Ante la pregunta de sí se habían establecido tres mil camas adicionales en el hospital de la base de Rota (Cádiz), Piqué indicó que son "mecanismos propios de estas circunstancias". Dentro de estos mecanismos se incluiría la reunión de los directores de los hospitales militares españoles en Madrid, que tuvo lugar la noche del jueves y que se conoció ayer.

El jefe de la diplomacia española reiteró, ante la Comisión de Exteriores del Congreso, el apoyo total del Gobierno a una respuesta de EE UUcontra los terroristas en Afganistán, si bien indicó que "no está contemplado que tropas españolas participen en el conflicto, al menos a corto plazo".

El Gobierno estadounidense ha proporcionado a sus aliados de la OTAN pruebas que implican al millonario de origen saudí Osama ben Laden en los atentados. Josep Piqué aseguró que son "suficientes" y le relacionan, no sólo con los ataques terroristas en EE UU, sino con los perpetrados en Kenia o Tanzania, en 1998. Además, el titular de Exteriores aseguró tener "más pruebas" de la implicación de Ben Laden, aunque éstas le habían sido transmitidas "de forma oral" por la encargada de Negocios de la embajada de EE UU en Madrid. Piqué aclaró que esta información complementaria es "clasificada" y no se puede hacer pública.

El hecho de que el Gobierno no pueda aportar estos documentos probatorios causó indignación en el portavoz del Partido Socialista en la Comisión, Manuel Marín. El portavoz del PSOE afirmó "no comprender" cómo el Gobierno español "sólo ha tenido derecho a una lectura del documento" a diferencia de otros países, lo que, según Marín contradice la "especial relación" que el Ejecutivo asegura tener con Washington. Además, calificó la comparecencia de Piqué ante la comisión de simple "recorrido por su agenda personal".

El coordinador general de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, criticó la "tardanza" del Gobierno en comparecer, su "falta de información" a los grupos parlamentarios y el "inadmisible furor guerrero" del presidente, José María Aznar, ante los ataques. Llamazares sugirió la pretensión del Gobierno de "ocultar problemas políticos internos".

La situación en Oriente Próximo también fue abordada por el ministro de Exteriores, quien considera "fundamental" que EE UU se involucre en el proceso de paz en la zona.

Respecto a la ayuda española a los refugiados afganos, Piqué avanzó que la Agencia Española de Cooperación ha destinado 300 millones de pesetas.

Fuente: El Pais

0 ETA nacio en un seminario

El vicepresidente primero, Mariano Rajoy, emplazó ayer a los obispos españoles a suscribir el Pacto Antiterrorista firmado entre el PP y el PSOE.

Argumenta el amigo de Fraga que los prelados deben comprometerse con los problemas que afectan sensiblemente a la población española.

El comentario habría resultado gratuito si no fuera porque el antiguo obispo de San Sebastián, Mons Setién afirmó recientemente que firmar el citado pacto "iría en contra de los obispos vascos". Si a esto le añadimos que sendos sacerdotes católicos que desarrollan su actividad pastoral en San Sebastián se negaron a oficiar funerales por el eterno descanso del concejal de la ciudad guipuzcoana, Gregorio Ordóñez, tenemos la polémica servida.

Y la polémica tiene dos frentes: la iglesia y los partidos. En primer lugar porque la "Iglesia vasca" tiene una enorme responsabilidad en lo que ha venido en llamarse el "conflicto vasco". Algunos clérigos no han entendido que la Iglesia católica (universal) tiene una misión salvífica espiritual y que su compromiso con los problemas mundanos no puede pasar por el amparo del asesinato, la extorsión y el miedo.

Algunos clérigos de "boina calada" parecen más comprometidos con la "construcción nacional" que con la "extensión del Reino". Aquellos que descalificaron "a un tal Blázquez" no han asumido la trascendental tarea para la que han sido consagrados y andan como aquellos judíos de pistola en mano, coetáneos de Jesucristo, luchando por la "liberación" de los romanos. Estos tendrán que responder ante Dios y ante su conciencia por la situación de terror en la que viven miles de españoles vascos. Y sus superiores -aquellos que hablaban de los "obispos de ETA"- deberán responder también ante la transigencia irresponsable de haber cedido por "prudencia" ante una actitud tan profundamente anticristiana.

Y a la situación de la Iglesia católica en Vascongadas (no confundir con Iglesia vasca, pues esta última no existe) se suma la codicia de los políticos. El pacto antiterrorista firmado entre el PP y el PSOE tiene mucho de pacto de Estado por las libertades y mucho también de electoralismo como denuncia "aitá" Arzalluz. Por otra parte, goza de una enorme contradicción exhortar a la Iglesia sumarse a un pacto político cuando permanentemente se "exige" la reclusión a las sacristías. La Iglesia puede y debe pronunciarse sobre aquellos aspectos morales que lastran la convivencia de los españoles. Pero esto obviamente no significa sumarse a operaciones políticas de dudosa "pureza".

Y por si todo esto fuera poco, el presidente de la Fundación Encuentro, el clérigo Martín Patiño afirma que los obispos fueron cómplices del 23F". ¿El elefante blanco?...

Fuente: Diario Hispanidad 19/02/01

0 El sueldo de los funcionarios

El sueldo de los funcionarios públicos

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¿Salarios públicos a la baja?

En relación con la propuesta del Gobierno de subida salarial para los funcionarios igual a la tasa de inflación prevista del 2% en el año 2001, cabe plantear las siguientes preguntas:

1. Con esta propuesta, ¿cuál sería la disminución real de los salarios de los funcionarios acumulada durante el bienio 2000- 2001? Las tasas de inflación, calculadas como las medias de los aumentos mensuales del IPC, estarán alrededor del 3,5% en el 2000 y del 3% en el 2001. Por tanto, la disminución de los salarios reales acumulada podría estar alrededor del 2,5%. Sin embargo, esta cifra no tiene en cuenta dos elementos por los que la pérdida de poder adquisitivo de algunos colectivos de funcionarios será inferior. En primer lugar, en algunos ámbitos de las administraciones públicas se está produciendo una reducción de la jornada laboral como resultado de la aplicación de la jornada de 35 horas.

En segundo lugar, los salarios de los funcionarios incluyen complementos retributivos tales como trienios de antigüedad (cada vez menos frecuentes en el sector privado), subidas salariales por promociones automáticas (independientes de los méritos o como resultado de transferencias entre los ámbitos central y regionales de las administraciones públicas) y complementos por productividad discrecionales, que suponen casi el 20% del salario bruto total medio. La falta de transparencia con la que se producen las subidas de estos complementos retributivos y la ausencia de una base de datos adecuada impiden conocer con exactitud la verdadera variación de los salarios de los funcionarios. En cualquier caso, la reducción de los salarios reales será mayor en los niveles inferiores, por su menor acceso a complementos retributivos especiales, y se convertirá incluso en una ganancia real en algunos niveles superiores.

2. ¿Cuánto deberían subir los salarios? Las desviaciones de la inflación sobre la prevista se deben, en parte, a un aumento transitorio de los precios del petróleo. Ante esta perturbación, una subida de los salarios o de los beneficios empresariales que trate de evitar la pérdida de poder adquisitivo genera una espiral de precios-salarios que produce una pérdida de competitividad y una disminución del empleo. En el caso del sector público, las consideraciones fundamentales a tener en cuenta son la influencia de los salarios públicos sobre los del sector privado y la situación de las cuentas públicas, que no es tan boyante como dice el Gobierno. Tras años de insuficiente rigor presupuestario parece haberse alcanzado el déficit cero. Sin embargo, esta aparente situación de equilibrio fiscal es ficticia, dada la situación cíclica de la economía y los aumentos del gasto social que habrán de producirse en el medio plazo como consecuencia del envejecimiento de la población. Además, este logro está basado en medidas tales como la fijación de un objetivo de inflación poco creíble, que perjudica especialmente a las capas de la población de menor nivel de renta, y en el aumento de la imposición directa, implícito en la no deflactación de las tarifas del IRPF, que el Gobierno criticaba cuando estaba en la oposición.

3. ¿Son los salarios de los funcionarios más elevados que los del sector privado? A pesar de las congelaciones salariales y de las subidas salariales por debajo de la tasa de inflación, los salarios del sector público siguen estando por encima de los del sector privado, aunque sólo en promedio. Los datos disponibles sobre ingresos familiares indican que, si bien el salario por hora de las mujeres con estudios universitarios y de los individuos de bajo nivel educativo empleados como funcionarios es aproximadamente un 10% más elevado en las administraciones públicas, el de los varones con estudios universitarios es alrededor de un 15% más elevado en el sector privado. La menor dispersión de la estructura salarial es una de las características de las relaciones laborales en el ámbito de las administraciones públicas que resultan perjudiciales para una gestión eficaz de los recursos humanos en dicho ámbito. Ante este problema, los empleadores públicos están recurriendo con mayor frecuencia a la contratación temporal. Desde la aprobación del Estatuto de los Trabajadores, hace veinte años, Gobiernos de uno y otro signo han señalado la necesidad de reformar la regulación del mercado de trabajo, pero ninguno se ha atrevido a abordar una reforma del funcionamiento de las administraciones públicas que es, si cabe, todavía más urgente que la reforma laboral.

09 enero de 2001.

Fuente: El Pais